lunes, 1 de septiembre de 2008

PLANA MAYOR

Edición 39ª
• Lo que faltaba: ‘narco mantas’, paranoia en Veracruz
• Rodolfo, el ahijado incomodo, mece la cuna a Carolina
• Homicidas salen libres, por irregularidades de la DPyRS
• Cambranis y los Cuevas, el síndrome de la Avestruz
• Yunes: crónica de una reelección frustrada; lo zopilotean

Gaudencio García Rivera

“Siguen ladrando los perros/señal que voy avanzado/así lo dice el refrán/para aquellos que andan hablando/de la gente que trabaja/y que no andan vacilando”.

En los altos círculos de la clase gobernante cundió de repente la paranoia el lunes 21 por el juego perverso que se entrelazó simultáneamente entre los presuntos capos de la droga y los adversarios partidistas del gobierno fidelista, a cuatro días de haberse celebrado con bombo y platillo el “Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Legalidad y la Justicia”, que acabó cimbrando a la sociedad civil:

Un enfrentamiento entre una célula de sicarios con un grupo de la Base de Operaciones Mixtas entre las inmediaciones de Poza Rica y Papantla-en el kilómetro 47, donde se ubica el Fraccionamiento San Agustín, muy cerca, por cierto, donde acribillaron en abril de 2005 al editor del periódico La Opinión de Poza Rica, Raúl Gibb Guerrero, que sigue sin ser esclarecido por la PGR-que dejó un saldo de tres muertos (un militar, un policía de Seguridad Pública y un esbirro), la ejecución de los hermanos Samuel y Enrique Rodríguez García, propietarios de una línea de autotransporte de Coatzintla-Poza Rica, secuestrados por un comando armado el 12 de agosto, y la aparición sombría de “narcomantas”, primero en Poza Rica, y luego el miércoles, se extendió a Coatzacoalcos, Boca del Río, Veracruz, Córdoba y Xalapa.

Todo este pandemónium en un solo día y en una zona debidamente bien localizada en la geografía veracruzana. Estaban frescos todavía los encendidos discursos que se pronunciaron el jueves 21 en el Palacio Nacional, donde se congregaron el presidente de la República, los poderes Judicial y Legislativo, además de los 31 gobernadores, el jefe de Gobierno del Distrito Federal y el padre del adolescente Fernando Martí, asesinado por sus plagiarios.

En este acuerdo grandilocuente emanaron 75 puntos para combatir frontalmente al crimen organizado y a los cárteles de la droga, que se verán reflejados, según los actores políticos, en un plazo gradual de 40 días a 3 años. Pero por ironías de la vida, el día que se machacó ante los reflectores un ¡Ya basta a la impunidad!, el crimen organizado respondió con 28 ejecuciones en diversos estados del país.

Y ¡pardiez! Cuatro días después de la retórica estridente de los políticos azules, de los tricolores y de los amarillos en el emblemático Palacio Nacional, en Veracruz el secretario de Gobierno Reynaldo Gaudencio Escobar Pérez atemperaba que el clima de violencia y de inseguridad en el estado no es tan grave como en otros estados del país-en aras de calmar a los detractores y malquerientes del régimen fidelista que han desatado una campaña de linchamiento-, cuando de repente aventaron un baldón de agua fría.

Un baldón, no. Fueron varios. El destino de la violencia nos alcanzó, aunque en el primer círculo de la clase gobernante intenta maquillar. Fue un golpe al hígado al operativo “Veracruz seguro” y al “Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Legalidad y la Justicia”, porque los esbirros se salieron con la suya y clavaron la daga de la incertidumbre y zozobra de la sociedad civil, que vieron en menos de cien horas como se derrumbaban los buenos propósitos de los gobernantes de las siglas azules, tricolores y amarillos.

En un día tres eventos de violencia que enlutaron los hogares veracruzanos-pese a los buenos oficios del gobierno fidelista por preservar el clima de paz y armonía que reclaman los ciudadanos-, que marcó de sobremanera la ejecución de los hermanos Samuel y Enrique Rodríguez-uno encontrado en Santa Agueda, y el otro en la comunidad de La Ceibita, municipio de Papantla-, y las “narcomantas” que aparecieron en las principales ciudades del estado, con una sombría leyenda donde acusan al presidente Calderón y “narcomandatarios” de proteger al “Chapo Guzmán”, al “Mayo Zambada” y a los “Michoacanos” y a los “políticos partidistas (sic)”.

“Si quieren que se acabe la inseguridad-decían las mantas atribuidas según las fuerzas castrenses a su adversario el cártel del Golfo-, ya dejen de protegerlos, porque los mandatarios y políticos partidistas, son iguales que ellos, llevan 40 años de narcomandatarios (resic)”. Pero está barbarie de la mañana aciaga del lunes 25 no paró ahí. Se ha venido desatando una escalada de extorsiones y amenazas de muerte en todo el estado, incluyendo a alcaldes, comerciantes y empresarios de todos los niveles sociales, a los que el gobernador FHB pide que los denuncien para proceder contra los delincuentes.

La credibilidad de la sociedad está minada. No confía en los policías preventivos de Seguridad Pública, Intermunicipal, ni la municipal, porque hay ineficiencia, omisión y corrupción para actuar con la rapidez que se requiere en tiempo real. El Consejo Estatal y los Consejos Municipales de Seguridad Pública no sesionan periódicamente y públicamente para escuchar la denuncia popular, porque se ha convertido en un órgano kafkiano, donde los recursos millonarios que se le destinan se pierden en la carga burocrática.

Los xalapeños, comerciantes y empresarios, que vivían en santa paz y armonía, ahora están en el ojo de la zozobra y el temor de ser víctimas del secuestro por presuntos Zetas que exigen sumas de 10 a 100 mil pesos-según el sapo es la pedrada-para que no sean socavados sus familiares e hijos por el crimen organizado. En carne propia lo han vivido empresarios como Alfredo Hakim, Andrés Beceiro López -le sustrajeron de su residencia más de un millón de pesos en alhajas y dinero-, y Pascual Mendoza Martínez, líder de comerciantes fijos, secuestrado hace más de una semana por un comando armado de su casa, un comerciante de edredones y un músico local, por citar algunos que han sido víctimas de los maleantes.

El gobér que no ha sido un político mezquino para revestir con mejor armamento y unidades automotoras a los cuerpos policíacos-aunque sus adversarios y malquerientes lo intenten evidenciar con este talón de Aquiles que pesa con todos los gobernadores-, puso en vigor 9 días después uno de los 75 puntos del Acuerdo Nacional por la Seguridad al crear este sábado 30 la Unidad Antisecuestros para inhibir a la delincuencia organizada, que por cierto, funcionaba ya en los últimos años del gobierno de Miguel Alemán Velasco.

Resultará alentador para la sociedad civil que los nuevos policías que integren la Unidad Antisecuestros en Veracruz- deben ser blindados con altos salarios, capacitación, garantes de los derechos humanos, contar con estudiosos superiores y sin antecedentes penales- estén vacunados contra la corrupción y la ineficiencia, pues la credibilidad en las instituciones se recobrará hasta que se vean pruebas de su eficiencia, honestidad y pudor. Los discursos no satisfacen a las capas sociales, porque sólo han servido para obnubilar a la clase política, ya sea azul, tricolor o amarilla.

“Probablemente en su pueblo se les recordará/como cachorros de buenas personas/que hurtaban flores para regalar a su mamá/y daban de comer a las palomas/Probablemente que todo debe ser verdad”.

Qué lástima que los consejeros electorales-antes ciudadanos, porque eran escrupulosamente elegidos que no tuvieron un cáliz partidista-y los representantes de los partidos políticos hayan convertido en un botín político el Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano (IEV), donde la perla de la joya fue la opacidad y la falta oportuna de la rendición de cuentas del órgano colegiado de las elecciones de 2007.

A nadie sorprendió el hermetismo que asumió el contralor del IEV para dar largas a la auditoría que tenía que rendir en un lapso de tres meses, a partir de la celebración de las elecciones locales para la renovación de diputados y alcaldes-segundo domingo de septiembre de 2007-, sobre la partida anual y adicional que se le asignó al órgano colegiado para sufragar los gastos del proceso electoral-un monto de 480 millones de pesos que administró el ex Secretario Ejecutivo Francisco Monfort Guillén, al que no se le han fincado ninguna responsabilidad por la presunta malversación de fondos-, y que hasta la fecha no ha emitido el dictamen sobre el sospechosísimo affaire electoral.

Para nadie es un secreto, que la renuncia abrupta de Francisco Monfort y con el ungimiento ilegal de Rodolfo González García-ahijado incomodo y paisano del político de Nopaltepec-y el tortuguismo para hacer público el resultado de la auditoría a los fondos millonarios que manejó el Consejo General del IEV ante los vacíos que presentaba el Órgano de Fiscalización Superior del estado (ORFIS)-ya no lo será más con la nueva Ley de Fiscalización que se aprobó en el seno legislativo el 6 de junio de 2008 para examinar sus cuentas por un periodo máximo de un año-, que consejeros electorales y representantes de partidos políticos les resulta responsabilidad por coparticipar en cada uno de los episodios oscuros que terminaron con la caída de Monfort Guillén.

En el pecado llevan la penitencia, porque son tan responsables de las presuntas irregularidades que cometió Francisco y su pandilla-el PREP (Programa de Resultados Electorales Preliminares), el más caro que se haya cobrado en la historia de Veracruz, consejeros y representantes de partidos políticos cobraron como ejecutivos de primer mundo-, y del ascenso del ex consejero Rodolfo González como Secretario Ejecutivo, negociado en los sótanos del poder público. Le valió un bledo la norma que limita su ascenso de inmediato de consejero a Secretario Ejecutivo.

No tendrán cara los representantes de los partidos políticos para reclamarle al Consejo General que tanto la Presidencia como la Secretaría Ejecutiva se hayan partidizado nuevamente en las elecciones de 2010-en la ruta del juego sucesorio-, sí las cúpulas políticas han sido también compartidos con la rebanada del pastel político. Pero mientras corren los pronósticos para el día decisivo para suceder al gobér púrpura, el gobér de los oráculos, el gobér proyectista de 2012, Rodolfo González le mece la cuna a su colega Carolina Viveros García, consejero presidenta del IEV.

Carolina tiene resuelta su vejez y el futuro de sus nietos. Por un lado retornar a la docencia en la Universidad Veracruzana, o, reincorporarse a sus tareas como magistrada del Tribunal Superior de Justicia, sin contar con el agregado plus que se llevará por conducir con excelencia para el poder público los asuntos pecaminosos del árbitro electoral. Le cumplió con creces a la clase gobernante, y su relevo, el que le mece la cuna, Rodolfo, está presto para servirse de gloria y hacer gala de sus buenos oficios a su padrino político. No importa que la sociedad civil los desdeñe o los vea con desdoro. Ese es el precio que tienen que pagar.

“No se extrañen mis amigos/si mi vida es como el viento/que va y viene sin que nadie/sepa su camino o cierto/unas veces lleva frío/yen otras calido aliento/Y por eso voy con todos”.

Está visto en los altos círculos gubernamentales que los tiene sin cuidado que el sistema penitenciario en Veracruz sea la piedra en el zapato del gobierno fidelista, por más esmero que haga ante la figura presidencial panista-la exhiben como si fuera la perla de la corona, al igual que los cuerpos policíacos que están rezagados de la eficiencia, probidad y de la depuración interna-para que el gobierno federal les destine mayores recursos para construir nuevos penales de mayor seguridad y a prueba de fugas concertadas.

Pero mientras no se instauren nuevas medidas de seguridad para abatir los cotos de poder carcelario, los pingues negocios entrelazados desde el director de los penales, pasando por los filtros de la Dirección de Prevención y Readaptación Social y la Secretaría de Gobierno, los dineros que se canalicen a los reclusorios para eficientar los programas de reinserción social es tirarlos al drenaje.

De qué sirve que se releven cada dos o tres meses a los directores de Prevención y Readaptación Social-va el sexto en 3 años y 8 meses y no se logra aterrizar el programa penitenciario que prometió modernizar el político de Nopaltepec en su campaña proselitista-, sí en las alturas del poder público no hay voluntad ni decisión por cumplir con la ley que rige al sistema penitenciario en Veracruz.

Descabezar al garante de los 19 penales del estado y cambiar de un penal a otro a los directores de los Ceresos, no es la llave para combatir las graves irregularidades que se registran en la génesis del sistema carcelario, porque solamente es una acción para acaparar los reflectores políticos, pero que está lejos de llegar al fondo de la problemática que enfrentan los espacios penitenciarios.

En las cárceles sentenciados y procesados se mueven con dinero para buscar privilegios o para ser contemplados en las preliberaciones-aunque no reúnan los requisitos-, dinero que va a parar a una camarilla de servidores públicos de la Dirección de Prevención y Readaptación Social, que su director Samuel Juárez y López lo soslaya por omisión o comisión. Para ejemplo un botón, Oscar Castellanos (a) El Venado, el 23 de julio de 1996 asesinó a su novia Karina del Pilar en el parque Bicentenario de la capital del estado. Fue sentenciado por el juez a 30 años de prisión.

Curiosamente hace más de un año obtuvo su preliberación sin cumplir con el 40% de su sentencia-estaba entonces al frente de la DPyRS Cirilo Rincón Luna, hoy recompensado por el amigo como contralor de la Secretaría de Salud, gracias a su ineficiencia, apatía y corrupción que mostró-, que debido al tráfico de influencias de su padre Sidronio Castellanos, ex regidor de la comuna de Tuxpan y amigo personal del Delegado Jurídico Ezequiel Castañeda Nevares, el homicida logró salir a la calle. Participó en un motín en Tuxpan, que de acuerdo con la Ley de Ejecución de Sanciones establece que internos que hayan participado en motines no tienen derecho a obtener algún beneficio, fue considerado en la lista de preliberaciones.

Otro caso más que hace patente el cochinero del sistema penitenciario, que no ha sido aseado ni sancionado por el camarlengo de palacio de gobierno, es el de la pareja Daniela Velázquez Pérez y Germán Alejandro Arcos Morales, quienes asesinaron a dos norteamericanos que vivían en la calle Betancourt de la capital del estado el 28 de mayo de 1997. Daniela obtuvo ya su preliberación sin cumplir el 40% de la sentencia. Autora intelectual y material de este sonado homicidio. Sin embargo, Germán no pudo obtener su preliberación, a pesar de demostrar un buen comportamiento y de participar en inactividades culturales y deportivas. Como premió se le reasignó al penal de Villa Aldama.

“Quiero que mis amigos/sin que se ofendan/me dejen solo/porque me da vergüenza/llorar con ellos/mis sufrimientos/Aunque les agradezco/que se preocupen/por mi dolor/pienso que es preferible”.

No ha sido fácil para la clase gobernante navegar con las aguas brumosas de la cúpula del PAN, más que el desbalagado PRD-están insertos en el ojo de la discordia, del encono y de la confrontación por el liderazgo que se les ha esfumado de las manos-y los convergentes, porque son veleidosos, arrogantes y moralinos.

Contados de las manos son aquellos panistas que han hecho carrera en el servicio público municipal, estatal o federal, por lo menos, en dos décadas, o ya no se diga en la militancia partidista desde ‘pinta bardas’, delegados municipales, distritales, regionales, estatal o nacional. La mayoría de la membresía del albiazul son neopanistas o tránsfugas. La ideología que trazó su fundador Manuel Gómez Morín está sostenida por alfileres en Veracruz.

El liderazgo panista, con Víctor Alejandro Vázquez Cuevas-el nepotismo, la opacidad y los acuerdos en lo oscurito, fueron su mayor blasón en su gestión-, se sostuvo siempre al mejor postor con la llegada del gobierno de la fidelidad. No hubo iniciativa de ley del gobernante púrpura, que no fuera negociada por los filtros de la cúpula de el PAN, ya fuese en posiciones políticas o dinero en especie, a cambio de aprobar lo que viniese del Poder Ejecutivo.

El blanquiazul, que antes que arribará al poder en la Legislatura local, alcaldías o el gobierno federal, censuraba al PRI por la corrupción que prohijaban los servidores públicos, el dedazo, la imposición, el trapecismo, el oportunismo y el arribismo en la función pública, ahora son peores. No se ven resultados de la política humanista en Veracruz que proponía Manuel Gómez Morín. En 1939, decía Morín, el PAN tiene que ser una organización para todos aquellos que sin prejuicios, resentimientos ni apetitos personales quieran hacer valer la vida pública de México los valores fundamentales del humanismo político.

Alejandro Vázquez, coordinador de la bancada de oposición en la LXI Legislatura local, y su títere Enrique Cambranis Torres-que entró como calzador en la dirigencia estatal de el PAN-, tiene rato que rompió la tregua con el gobierno fidelista y, volátil como es, bate los tambores de guerra para romper el pacto de gobernabilidad que firmó al principio de la administración estatal, y busca a toda costa, en un doble discurso, desarticular al gobierno de la fidelidad.

En un duelo epistolar con el secretario de Gobierno Reynaldo Gaudencio Escobar, que no beneficia a la sociedad civil ni a lo votantes que sufragaron por el PAN y el PRI, se enfrascaron en una lucha intestina para deslindarse de la autoría de las “narcomantas” que aparecieron en las principales avenidas de Poza Rica, Córdoba, Xalapa, Coatzacoalcos, Boca del Río y Veracruz, entre el martes 26 y miércoles 27. El PAN reclama al gobierno estatal que haga su tarea, que según ellos ha dejado de hacer, para reducir los índices de violencia que se registra en Veracruz.

Un Acuerdo de Cooperación y Civilidad Nacional, que propone Cambranis-el bananero dirigente estatal del albiazul y la secretaría de Promoción Política de las Mujeres Mariana Dunyaska García Rojas-, que suscriba en Veracruz el gobierno de la fidelidad para qué, sí va a estar de ripley que el presidente Calderón y los 31 gobernadores y el jefe de Gobierno cumplan con los 75 puntos que se trazaron en el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Legalidad y la Justicia, en el cónclave celebrado el jueves 21 en Palacio Nacional, en un plazo de 40 días a 3 años.

Juegos ‘mastubatorios’, como dice el diputado panista Juan José Rodríguez Prats, no, por favor. Los neopanistas no han sabido ser una oposición conciliadora y propositiva, porque cualquier decisión o acción del Poder Ejecutivo se van a los extremos bélicos, o desatan una campaña de linchamiento contra el gobernante púrpura. Si lo que desean los selectivos panistas es confrontar a Calderón con Fidel, les va a salir el tiro por la culata porque el gobér es un baúl de estrategias y de conocimiento. No tiene caso que los Cambranis y los Vázquez jueguen al síndrome de la Avestruz, porque se les va a caer la tramoya.
DE LA SEMANA…Zopilotes rondan por el bunker de el PRI. Tal parece que se va a quedar con las ganas de la reelección el nativo de Perote y actual dirigente estatal del tricolor José Francisco Yunes Zorrilla. No aprende, se deja seducir por el canto de las sirenas. Una vez reestructurado los comités municipales del PRI, los altos mandos del Consejo Político Estatal, le han hecho saber a José Francisco, que tendrá que dejar la dirigencia, a la que ya se apuntan desde ahora, el diputado local y líder magisterial Hugo Alberto Vázquez Zarate, y el coordinador de la mayor priista de la Legislatura local Héctor Yunes Landa. ¿Y la gubernatura apá? Todo hace indicar no va a ser candidato a la gubernatura…Retorno de la diputada de la
Comisión de la Juventud y el Deporte de la Cámara de Diputados. No fue una semana, como había ofrecido a sus críticos y adversarios, la diputada priista Elizabeth Morales García, estuvo las dos semanas que duró la justa veraniega de los Juegos Olímpicos de Beijing, para valorar a la delegación mexicana que participó con 85 atletas y entregar un informe detallado si se justifica el presupuesto de 124 millones de pesos que le asignó el gobierno federal. A ver si satisface con su informe la legisladora xalapeña a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados…Estudiantes desaparecidos. Desde el miércoles se encuentran desaparecidos los estudiantes nativos de Banderilla, Omar Rodríguez Cruz, de 19 años, y Víctor Samio Basilio, de 22 años. Hay versiones de que fueron levantados por un presunto comando armado. Pero los rumores, la sicosis y el miedo están a la orden del día. Y hasta aquí de PLANA MAYOR, nos vemos la próxima semana. Escúchenos por Avan radio, en Contacto Informativo, los lunes a las 9 A.M. (gau41@hotmail.com. O gaude55@yahoo.com.mx)
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