lunes, 9 de mayo de 2011

EDITORIAL

La política es injusta: no siempre están los que tienen que estar, sino aquellos que por estrategias, a veces sumamente corrientes pero efectivas, logran acceder a los favores de quien ordena y manda.

Por ejemplo: hoy todavía muchos se cuestionan qué méritos pusieron a Adolfo Mota Hernández en la Secretaría de Educación, cuando él ni profesor es; o a Guillermo Herrera Mendoza, quien a pesar de la serie de escándalos que pesan sobre la Secretaría de Comunicaciones, se mantiene en el cargo, o a Víctor Hugo Alarcón Limón en Tránsito del Estado, en donde ni idea tiene de qué es la dependencia o el trabajo de un oficial de Tránsito.

La razón es simple: fueron colocados ahí por influencias externas a la capacidad o la experiencia; hay compromisos políticos que cumplir y lo demás no cuenta.

El resultado de todo esto tiene que ver con el dmérito del servicio público; los trámites engorrosos, la corrupción, la violación a las leyes, reglamentos y demás, está a la orden del día.

Así vemos con alegría a quien por ejemplo secuestró a un presidente municipal, en donde hasta disparos hubo, sentada hoy tranquilamente negociando en la mesa de la Subsecretaría de Gobierno.

Eso se llama impunidad; pero al final, eso es la política: impunidad.

Me cuestionan muchos lectores a través del correo electrónico, cuándo se verá concretada la acción de la justicia en contra de los funcionarios del municipio de Coatepec en la administración 2008-2010.

Les respondo con mucho gusto: jamás.

La política y sus relaciones tortuosas, protegen y garantizan la impunidad.

Y sin embargo hay buenos políticos; lo malo es que ellos, precisamente por no ser corruptos, ladrones, ni demás, no alcanzan a llegar a puestos de mando sobresalientes.

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