domingo, 7 de abril de 2013

Silencio cómplice

Punto de Vista




Filiberto Vargas Rodríguez

       

Tiene razón el Gobierno de Veracruz. Hace ya un buen rato que no se dan casos de periodistas atacados o amenazados por la delincuencia organizada.
También es cierto que el esquema de la Comisión Estatal para la Defensa de los Periodistas es único en el país.
Tampoco es rebatible que la Asociación Mexicana de Editores de Periódicos es una Asociación Civil, un organismo autónomo y como tal puede entregar reconocimientos a quien quiera.
Todo eso es verdad, pero verdad a medias.
Las voces oficiales aseguran que el cese de las hostilidades de la delincuencia organizada contra el gremio periodístico se debe a la eficiencia de los operativos del programa Veracruz Seguro. Sin embargo, la verdadera razón de esta tregua es el silencio en el que se han refugiado los reporteros que cubren la fuente policiaca. Hoy en día nadie habla de ejecutados, de tráfico de drogas, de extorsiones, de “levantones” o de tiroteos. Esos temas (que se siguen dando) han sido vedados en los medios de comunicación de Veracruz y sólo se publican cuando surgen de un comunicado oficial.
La Comisión Estatal para la Defensa de los Periodistas fue la respuesta de la actual administración estatal ante la queja reiterada de los comunicadores por el acoso al que se veían sometidos. No ha sido, sin embargo, el primero esfuerzo en la materia.
En la pasada administración Fidel Herrera ordenó la creación de una fiscalía especial para atender esos temas. Al frente de ella estuvo Arturo Perdomo Cueto. En ambos casos los asuntos resueltos son “domésticos”, nada relacionado con un ataque sistemático a la libertad de expresión.
Ya en este mismo espacio advertimos que la Asociación Mexicana de Editores de Periódicos es un club de dueños de periódicos. En la gran mayoría de los casos, esos empresarios nunca fueron periodistas; se trata de poderosos inversionistas que buscan impunidad escudándose en un concepto retorcido de la libertad de expresión. Con esos antecedentes, resulta cuestionable el mérito de un reconocimiento surgido de dicha Asociación.
Lo que tampoco se ha dicho con todas sus letras es que en estos momentos el acoso a los periodistas se da desde el sector oficial. En Xalapa se han dado varios casos en fechas recientes, como la agresión por parte de personal de Tránsito del Estado al fotógrafo de Diario de Xalapa David Bello, o la detención de un reportero gráfico del portal de internet www.alcalorpolitico.com .
En Martínez de la Torre, elementos de la Policía Municipal agredieron y amenazaron a dos reporteros que cubrían la detención de cuatro elementos de Tránsito del Estado, que la tarde del sábado fueron señalados de incurrir en una supuesta extorsión.
Los policías, ocultando su rostro con capuchas, trataron de impedir que los comunicadores René Izaguirre Huesca, del periódico Expresión de Veracruz, y Édgar Juárez Gómez, de La Opinión de Poza Rica, realizaran su labor.
El secretario de Seguridad Pública del Estado, Arturo Bermúdez Zurita, sigue negando que haya dicho que “debería estar en la cárcel” el fotógrafo Félix Márquez, quien divulgó gráficas de un supuesto grupo armado que estaría operando en la zona de Tlalixcoyan. Lo que sí sostiene el funcionario es que dichas fotografías fueron “posadas”.
El exabrupto provocó que el secretario de Seguridad Pública buscara al fotógrafo de marras y le ofreciera disculpas, lo mismo que a un importante sector de los reporteros gráficos de la entidad.
La misma lógica que se impone en el combate a la delincuencia organizada (la aparente calma que vive el estado no es producto de los operativos, ni significa que los delincuentes hayan dejado de traficar en este territorio; simplemente obedece a una instrucción de “no calentar la plaza”) se puede aplicar en el caso del acoso a periodistas. Los delincuentes no pretendían matarlos, sino callarlos, y hasta ahora lo han conseguido.
Esto no es motivo de orgullo.
Comentarios al correo fivargasr@hotmail.com
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